35 horas semanales: la experiencia francesa


Aunque somos muchos los que creemos que para crear empleo en la coyuntura actual es necesario compartir el tiempo de trabajo, el debate aún no parece estar lo suficientemente extendido entre los agentes sociales. Una muestra: en las últimas elecciones generales todos los programas electorales recogían medidas para crear empleo (al menos estamos de acuerdo en que es un problema serio y común) y, sin embargo, resultaba muy difícil encontrar propuestas que mencionaran la reducción del tiempo de trabajo para conseguirlo.
Entre los partidos políticos que mencionaban algo así en su programa se encontraban Izquierda Unida y Equo, que abogaban por una transición a una jornada laboral semanal de 35 horas, como medida complementaria a otras para crear empleo. Esta reivindicación también la secundan instituciones  como UGT, CCOO o CNT que, aunque no renuncian a imponer este tipo de jornada por ley, centran sus esfuerzos en los convenios colectivos con el afán de, al menos sectorialmente, y allí donde la presencia sindical sea mayor (en las grandes empresas), ir poco a poco conquistando terreno en este sentido.
El debate en Francia está más extendido que aquí, sobre todo porque nuestros vecinos legalizaron este horario en 1998 (ley “Aubry”), aunque desde entonces ha ido perdiendo adeptos y fortaleza, principalmente con el gobierno conservador de Sarkozy. Así, han surgido nuevas leyes que la han recortado por aquí y por allá, hasta mostrarse hoy día, en la práctica, casi sin efectos. Este “paso atrás” francés dará que pensar a muchas personas: si allí implantaron por ley la jornada de 35 horas semanales y, poco después, volvieron a las 40, ¿será porque la medida no funciona? ¿porque no lo hicieron bien? ¿porque Sarkozy le habría cortado las alas a la mismísima revolución francesa de haber llegado al poder allá por finales del siglo XVIII?... La cuestión que pretende abordar este artículo es que si queremos debatir la viabilidad y la eficacia de la imposición (por ley o convenio colectivo) de una reducción de la jornada semanal laboral para crear empleo, es muy conveniente revisar la experiencia francesa y responder a las preguntas planteadas antes; con este objetivo, intentaremos primero repasar los hechos.
En junio de 1998 se aprueba en Francia la “ley Aubry”, bautizada así popularmente por su promotora, Martine Aubry, entonces ministra de Trabajo y Solidaridad, hoy líder del partido socialista francés y firme candidata a la presidencia de la república. La idea clave consistía en reducir la jornada laboral semanal de los trabajadores de 40 a 35 horas (aproximadamente el 10%) sin reducir su salario; de esta forma, las empresas necesitarían contratar un 10% más de trabajadores para obtener el mismo nivel de producción, es decir, se crearía un 10% de empleo. En la práctica, muchos asalariados franceses han disfrutado de un viernes libre de cada dos, otros de concesiones parecidas… siempre y cuando no hubiera que hacer horas extraordinarias. 

Sin embargo, aumentar las plantillas un 10% tendría un efecto inmediato bastante claro: el aumento del coste laboral para las empresas. Ningún empresario estará dispuesto a reducir sus beneficios sin más, entonces ¿cómo convencer a la patronal francesa para que se sume al proyecto? Pues con concesiones como las siguientes:
·         La ley “invita” a una moderación salarial en los sectores y las empresas en las que se aplique. O sea, que, de momento, las empresas soportan un aumento de su coste laboral, sí, pero, si son pacientes, verán que pueden congelar ese coste aunque aumenten sus ingresos o la productividad de los trabajadores. A la postre, la ley les estaría permitiendo trasladar el aumento del coste laboral a los propios trabajadores.
·         La ley permite y hasta se diría que sugiere la aplicación de un salario por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, e incluso la supresión de algunos pluses salariales, entre otras medidas, con objeto de reducir el coste laboral de las empresas. De nuevo serían los trabajadores los que asumieran y soportaran el aumento del coste laboral provocado por la ley.
·         El patrón podría repartir las 35 horas como quisiera a lo largo de la semana: fines de semana, noches, varios turnos seguidos…  Así pues, concesión de una mayor flexibilidad en la jornada semanal para resarcir al patrón del mayor coste laboral teórico en que iba a incurrir tras la aplicación de la ley. Otra vez se puede concluir que los trabajadores son, en último término, los que sufren los efectos secundarios de la ley. 
·         La ley Aubry aumenta el número de horas extraordinarias permitidas por trabajador y año, y además las abarata: en vez de penalizarlas con el 25% del salario correspondiente a una hora normal, se pagan sólo a un 10% más. Parece ser que en algunos convenios se pactó que los obreros pudieran ser obligados a trabajar gratuitamente (o sin coste adicional) cierto número de horas extraordinarias. Una vez más, son los trabajadores los que ponen más de su parte.
·         Puntos importantes de esta ley eran la concesión de incentivos a la contratación y una menor presión fiscal sobre los salarios. Importantes porque suponen un coste para la administración que ya no está dispuesta a asumir en estos tiempos de “recortes”. ¡Vaya! Para un aspecto de la ley que suponía un esfuerzo para otros que no fueran los trabajadores…
Se pretendía aprovechar la expansión económica que se disfrutaba a finales de los 90 para absorber los efectos negativos de la ley, entre ellos el aumento del coste laboral de las empresas. Y, efectivamente, en los inicios de la andadura de esta ley, se crearon muchos puestos de trabajo, aunque no es fácil distinguir cuáles fueron debidos a la expansión económica y cuáles a la ley Aubry.
Con el objetivo principal de reducir gastos, y en julio de 2008 se aprueba la “Ley sobre la renovación de la democracia social”, ya con Sarkozy al frente, una nueva ley que permite que, aunque se mantenga el tiempo legal de trabajo en 35 horas, las empresas puedan negociar directamente con los asalariados el tiempo de trabajo y las compensaciones, y estas negociaciones podrían superar el techo de las 35 horas. Así pues, la “puntilla” para la ley Aubry, que aunque no ha sido derogada, se ha visto superada por otras leyes posteriores que, a la postre, la difuminan.
Y el debate aún está en la calle. Los conservadores argumentan que esta nueva ley da a los asalariados la posibilidad de trabajar más para ganar más, mientras que los socialistas denuncian la supresión de derechos y conquistas laborales.
¿Con qué enseñanzas nos quedamos de esta experiencia? En mi opinión lo más significativo es que se creó empleo, si bien es difícil dilucidar cuántos de esos nuevos puestos de trabajo fueron mérito directo de la ley Aubry. Y si precisamente crear empleo es la prioridad y las medidas neoliberales que se imponen hoy día no funcionan, merece la pena revisar esta experiencia y arreglar las goteras que se le achacan. En esto estamos todos pero da la impresión de que sólo los trabajadores parecían dispuestos a asumir cierto esfuerzo. Merecería la pena realizar un estudio para comprobar algunos efectos inmediatos de esa creación de puestos de trabajo: mayor recaudación por impuestos directos e indirectos, aumento del consumo interno, con todo el tirón que ello acarrea sobre el conjunto de la economía, aumento de la inversión, de la productividad, y otros muchos beneficios muy difícilmente mensurables, pero dignos de tener en cuenta, como mayor tiempo de ocio o más “salud familiar”, por ejemplo.
En definitiva, mi opinión es que la ley Aubry podría haber sido muy beneficiosa para el conjunto de la sociedad francesa si no hubiera nacido ya con ciertos lastres por mor de obtener el consenso de patronal y administraciones públicas. Si en la actualidad está siendo denostada, debería abrirse un debate en otro sentido, esto es, no para derogarla, sino para retocarla y arreglar sus posibles fisuras. ¿Es o no es el desempleo el problema más grave que sufre nuestra sociedad? Pues, deberíamos considerar propuestas válidas como esta, aunque sean  distintas a las habitualmente esgrimidas por los conservadores.
Coincido con el fin último de la ley Aubry: eliminar el paro ES POSIBLE trabajando menos.

Por la necesidad de compatibilizar la creación de empleo con un objetivo de "crecimiento cero"

  En pocas cuestiones se puede encontrar hoy día mayor consenso entre los ciudadanos españoles: “el problema más grave que vivimos es el paro”. Y la práctica unanimidad en esta opinión se cuece en  la cotidianeidad, esto es, en que a la inmensa mayoría nos alcanza la “mano negra” del desempleo, ya sea porque lo sufrimos en primera persona, porque tenemos algún familiar viviendo una situación desesperada o porque contemplamos con preocupación la enorme dificultad de nuestros hijos para encontrar empleo, por mucha formación que hayan recibido. 

   El problema es tan grave y se alzan tantas voces para denunciarlo que hasta los políticos han llegado los ecos y, claro, no han tenido más remedio que ponerse manos a la obra. Que nadie se engañe, el principal objetivo de un partido político es acceder al poder y mantenerse en él, por definición. Pero para conseguirlo es necesario atraer el mayor numero posible de simpatizantes y es por esto que han escuchado los ecos de la preocupación por el desempleo: no es que estén preocupados por los ciudadanos, lo están por mantenerse en el poder. 

   Bueno, sea cual sea el motivo, se muestran decididos a actuar y nos anuncian una serie de medidas para crear un buen montón de puestos de trabajo en muy poco tiempo, entre ellas una nueva reforma laboral que se llevará a cabo con o sin consenso de los colectivos implicados, como la anterior. ¿Tenemos motivos para confiar en la bondad de estas medidas? Mi humilde opinión es que no, que en ningún caso nos conducirán a un escenario económico y social satisfactorio porque ninguna de las medidas que se han propuesto compatibiliza la creación de empleo con el crecimiento cero

   ¡Ojo!, no es pesimismo, estoy convencido de que se puede alcanzar un escenario satisfactorio, pero insisto, no con las acciones que se están proponiendo para conseguirlo. 

   Me explico. Si no confío en las medidas propuestas, es porque todas ellas parten de la hipótesis de que para crear empleo es necesario aumentar la producción. Tirando de este hilo, nos encontramos con que podemos llegar a dos escenarios posibles:
  1.  Primer escenario: las medidas no tienen el éxito esperado y no se crean tantos puestos de trabajo como se necesitan. Reducir el desempleo, pongamos un ejemplo, del 20 % al 10 % sería un logro importante, pero no suficiente. Así pues, el primer escenario posible no es satisfactorio.   
  2. Segundo escenario: las acciones puestas en práctica consiguen aumentar tanto la producción que se crean tantos empleos como se necesitan. En esta situación nos encontramos con que el paro se ha resuelto, pero ¿a costa de qué? Pues fácil, a costa de una producción excesiva, lo que se denomina una sobreproducción, que acarrearía problemas muy graves: agotamiento de recursos, conflictos políticos y armados por esos recursos, principalmente los energéticos, estrategias empresariales agresivas para hacerse con nuevos mercados y despilfarradoras como la obsolescencia programada, deterioro acelerado del medio ambiente… En resumen, nos quitamos de encima el problema del paro y nos echamos a la espalda otros tan graves o más. De nuevo un escenario poco satisfactorio.
   Es una pena, este segundo escenario empezó bien, eliminando el paro, pero acabó mal por culpa de la sobreproducción. La pregunta entonces es: ¿se puede eliminar el paro sin provocar sobreproducción? Mi opinión es que sí, y la clave está en compartir el tiempo de trabajo, así trabajamos todos pero no producimos más. 

   Claro que, si no producimos más, tendremos que plantearnos si con lo que estamos produciendo ahora mismo hay suficiente para que todos vivamos bien. ¿Tenemos suficiente? Estoy seguro de que la mayoría sospechamos que sí, que hay suficiente para todos y que de lo que carecemos es de un sistema de distribución más igualitario. 

   Al compartir el tiempo de trabajo, las horas globales dedicadas a la producción serían las mismas, dicho de otra forma, no se produciría más (un respiro para el planeta) y, por otra parte, se compartirían también las rentas, esto es, los frutos del factor trabajo. De esta forma, eliminamos el paro, evitamos la sobreproducción y conseguimos además una distribución de la renta más igualitaria. ¿Se puede pedir más? Bueno, lo cierto es que sí: sería deseable que medidas de este tipo no perjudicasen la iniciativa emprendedora, que las empresas no vieran aumentados sus costes (y por tanto sus beneficios), que los trabajadores no vean reducido su salario por compartir el tiempo de trabajo, que el Estado del Bienestar no se resienta y pueda seguir financiando determinados costes sociales que hoy día nos parecen imprescindibles…Y en este sentido sí me muestro optimista, sí existen soluciones factibles para todas estas demandas, habrá que ver si, además hay espacio para debatirlas, depurarlas y consensuarlas antes de llevarlas a la práctica, espero que sí.

   En resumen: eliminar el paro ES POSIBLE trabajando menos, y llegar a esta situación sólo es plenamente satisfactoria si la compaginamos con un objetivo de crecimiento cero, más verde y más justo.